FISCALÍA INVESTIGA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN RED DE NARCOTRÁFICO DENTRO DE LA CÁRCEL DE CIUDAD DEL ESTE
La investigación sobre el esquema de distribución de drogas descubierto en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este ingresó en una nueva etapa. Tras el operativo que permitió desmantelar una presunta red de comercialización de estupefacientes dentro del penal, el Ministerio Público ahora centra sus esfuerzos en determinar si funcionarios penitenciarios colaboraron con el ingreso y la distribución de las sustancias ilícitas.
FISCALÍA INVESTIGA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN RED DE NARCOTRÁFICO DENTRO DE LA CÁRCEL DE CIUDAD DEL ESTE
La investigación sobre el esquema de distribución de drogas descubierto en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este ingresó en una nueva etapa. Tras el operativo que permitió desmantelar una presunta red de comercialización de estupefacientes dentro del penal, el Ministerio Público ahora centra sus esfuerzos en determinar si funcionarios penitenciarios colaboraron con el ingreso y la distribución de las sustancias ilícitas.
El fiscal antidrogas Elvio Aguilera confirmó que la investigación ya no apunta únicamente a los internos involucrados, sino también a cualquier funcionario que haya facilitado el funcionamiento de la estructura criminal. Según indicó, si durante las diligencias surgen evidencias sobre la participación de personal penitenciario, las acciones penales se extenderán a esos responsables.
El procedimiento fue ejecutado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con el Ministerio Público, luego de varios trabajos de inteligencia que señalaban la existencia de un importante centro de distribución de drogas dentro del establecimiento penitenciario.
Las investigaciones identifican como principal sospechoso al interno Rubén Rodas Portillo, alias "Sombrero", procesado por un caso de homicidio ocurrido en 2023. De acuerdo con los datos obtenidos por la Senad, el recluso sería el encargado de abastecer de drogas a otros internos del penal, operando una estructura organizada desde el interior de su celda.
Durante la requisa, los intervinientes incautaron pasta base de cocaína, crack, clorhidrato de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el nivel de comodidad que presentaba la habitación del interno, equipada con aire acondicionado, televisor, heladera y otros electrodomésticos poco habituales dentro de un centro penitenciario. También fueron hallados cuadros con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, lo que volvió a instalar el debate sobre la denominada narcocultura en las cárceles paraguayas.
Los teléfonos celulares incautados serán sometidos a pericias con el objetivo de reconstruir las comunicaciones del presunto líder de la red y establecer quiénes proveían las sustancias, cómo ingresaban al penal y si existían conexiones con organizaciones criminales que operan fuera del establecimiento.
Para los investigadores, una de las principales incógnitas es determinar cómo una cantidad importante de drogas, dinero, equipos electrónicos y otros objetos prohibidos lograron ingresar a un recinto que, en teoría, cuenta con estrictos controles de seguridad. Esa línea de investigación coloca ahora bajo la lupa a funcionarios penitenciarios que podrían haber facilitado el funcionamiento del esquema ilegal.
El caso vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario paraguayo en la lucha contra el crimen organizado. Si las sospechas se confirman, la investigación podría derivar en nuevas imputaciones y revelar una estructura de corrupción que habría permitido operar a una red de narcotráfico desde el interior de uno de los principales centros penitenciarios del país.
La investigación sobre el esquema de distribución de drogas descubierto en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este ingresó en una nueva etapa. Tras el operativo que permitió desmantelar una presunta red de comercialización de estupefacientes dentro del penal, el Ministerio Público ahora centra sus esfuerzos en determinar si funcionarios penitenciarios colaboraron con el ingreso y la distribución de las sustancias ilícitas.
El fiscal antidrogas Elvio Aguilera confirmó que la investigación ya no apunta únicamente a los internos involucrados, sino también a cualquier funcionario que haya facilitado el funcionamiento de la estructura criminal. Según indicó, si durante las diligencias surgen evidencias sobre la participación de personal penitenciario, las acciones penales se extenderán a esos responsables.
El procedimiento fue ejecutado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con el Ministerio Público, luego de varios trabajos de inteligencia que señalaban la existencia de un importante centro de distribución de drogas dentro del establecimiento penitenciario.
Las investigaciones identifican como principal sospechoso al interno Rubén Rodas Portillo, alias "Sombrero", procesado por un caso de homicidio ocurrido en 2023. De acuerdo con los datos obtenidos por la Senad, el recluso sería el encargado de abastecer de drogas a otros internos del penal, operando una estructura organizada desde el interior de su celda.
Durante la requisa, los intervinientes incautaron pasta base de cocaína, crack, clorhidrato de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el nivel de comodidad que presentaba la habitación del interno, equipada con aire acondicionado, televisor, heladera y otros electrodomésticos poco habituales dentro de un centro penitenciario. También fueron hallados cuadros con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, lo que volvió a instalar el debate sobre la denominada narcocultura en las cárceles paraguayas.
Los teléfonos celulares incautados serán sometidos a pericias con el objetivo de reconstruir las comunicaciones del presunto líder de la red y establecer quiénes proveían las sustancias, cómo ingresaban al penal y si existían conexiones con organizaciones criminales que operan fuera del establecimiento.
Para los investigadores, una de las principales incógnitas es determinar cómo una cantidad importante de drogas, dinero, equipos electrónicos y otros objetos prohibidos lograron ingresar a un recinto que, en teoría, cuenta con estrictos controles de seguridad. Esa línea de investigación coloca ahora bajo la lupa a funcionarios penitenciarios que podrían haber facilitado el funcionamiento del esquema ilegal.
El caso vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario paraguayo en la lucha contra el crimen organizado. Si las sospechas se confirman, la investigación podría derivar en nuevas imputaciones y revelar una estructura de corrupción que habría permitido operar a una red de narcotráfico desde el interior de uno de los principales centros penitenciarios del país.
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