Qué ocurrió con el inmueble de la Gobernación?

¿Qué ocurrió con el inmueble de la Gobernación?

La Junta Municipal de Coronel Oviedo volvió a enviar un mensaje claro al Ejecutivo Municipal: la ciudadanía merece respuestas. En la sesión ordinaria de este jueves, el pleno aprobó por unanimidad reiterar el pedido de informes sobre la presunta venta de un inmueble perteneciente a la Gobernación de Caaguazú, ante la ausencia de una respuesta oficial al requerimiento formulado días atrás.

La iniciativa fue impulsada nuevamente por el concejal Elvio Castro, quien, al inicio del tratamiento, solicitó que la Secretaría informara si el Ejecutivo ya había remitido la documentación requerida por la Junta. Incluso pidió que, de existir una contestación, esta fuera leída ante todos los concejales para conocimiento del pleno.

Sin embargo, la respuesta nunca llegó.

Ante ese escenario, Castro planteó la necesidad de reiterar el pedido con carácter urgente, moción que fue acompañada por la totalidad de los concejales presentes. El objetivo es acceder a toda la documentación administrativa relacionada con el procedimiento que habría permitido la supuesta transferencia de un inmueble que, según la Gobernación, forma parte de su patrimonio y estaba destinado al proyecto del futuro Oviedo Arena.

No es la primera intervención del edil sobre este caso. En la sesión anterior ya había solicitado informes al Ejecutivo Municipal para conocer si existieron actuaciones administrativas vinculadas al inmueble, requiriendo además antecedentes catastrales y documentación que permita reconstruir el proceso. Con la reiteración aprobada esta semana, la Junta deja en evidencia que el silencio institucional comienza a convertirse en un problema político, además de administrativo.

Ahora la expectativa recae exclusivamente sobre el Ejecutivo Municipal. La administración comunal deberá responder si existen expedientes relacionados con el inmueble, qué actuaciones realizaron sus distintas dependencias, si hubo modificaciones en los registros municipales y cuál fue el rol desempeñado por cada oficina durante el procedimiento cuestionado. Esa información será determinante para establecer si existieron irregularidades o si todo se ajustó al marco legal vigente.

Más allá del inmueble en discusión, el episodio vuelve a exponer una realidad que Coronel Oviedo arrastra desde hace años: las permanentes controversias sobre la administración del patrimonio público, la débil trazabilidad documental y las dificultades para acceder a información oficial en tiempo y forma.

Cuando una Junta Municipal debe insistir por unanimidad para obtener documentos de su propio Ejecutivo, el problema deja de ser únicamente administrativo. El control institucional funciona precisamente porque el Ejecutivo tiene la obligación de rendir cuentas ante el órgano legislativo municipal. Retrasar o no responder pedidos de informes solo incrementa las sospechas y deteriora la confianza ciudadana.

Este caso tampoco aparece aislado dentro de la historia reciente de Coronel Oviedo. En los últimos años se han registrado diversas polémicas relacionadas con la administración de bienes públicos, cuestionamientos sobre procedimientos administrativos y reclamos por una mayor transparencia en la gestión municipal. Cada nuevo episodio termina alimentando la percepción de que las instituciones reaccionan únicamente cuando la presión política o mediática alcanza suficiente intensidad.

Por ello, el verdadero desafío ya no consiste únicamente en determinar si existió o no una venta irregular. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para demostrar, mediante documentos, expedientes y actos administrativos verificables, que el patrimonio público se administra con absoluta transparencia.

La decisión unánime de la Junta Municipal representa un respaldo institucional al derecho de conocer la verdad. Ahora corresponde al Ejecutivo responder con la misma contundencia, aportando toda la documentación solicitada. Porque