MEMORIA SELECTIVA: CUANDO EL REPARTO "EQUITATIVO" COMIENZA DESPUÉS DE DEJAR EL PODER
En política existe un recurso tan antiguo como eficaz: exigir desde la oposición aquello que nunca se practicó cuando se tuvo la responsabilidad de gobernar. Es una estrategia que suele encontrar eco en la inmediatez de las redes sociales, pero que rara vez resiste el contraste con los documentos, las obras ejecutadas y la memoria institucional.
MEMORIA SELECTIVA: CUANDO EL REPARTO "EQUITATIVO" COMIENZA DESPUÉS DE DEJAR EL PODER
En política existe un recurso tan antiguo como eficaz: exigir desde la oposición aquello que nunca se practicó cuando se tuvo la responsabilidad de gobernar. Es una estrategia que suele encontrar eco en la inmediatez de las redes sociales, pero que rara vez resiste el contraste con los documentos, las obras ejecutadas y la memoria institucional.
Ese contraste vuelve inevitable una reflexión ante las recientes declaraciones del intendente de Caaguazú, José "Papu" Ríos, quien cuestionó la decisión del gobernador Marcelo Soto de destinar una importante inversión al proyecto Oviedo Arena, reclamando una distribución más equitativa de los recursos departamentales.
El planteamiento sería políticamente impecable si no existiera un detalle imposible de ignorar: el padre del actual intendente, Alejo Ríos, administró la Gobernación entre 2018 y 2023. Por ello, cualquier discusión sobre equilibrio territorial exige mirar primero cómo se distribuyeron los recursos durante aquella administración.
Los registros públicos disponibles muestran que la gestión de Alejo Ríos impulsó, en la ciudad de Caaguazú, proyectos de fuerte contenido institucional, cultural y educativo. Entre ellos aparecen el Centro Cultural Departamental —acompañado por una subsede de la Gobernación—, obras educativas financiadas con FONACIDE, empedrados y otras inversiones relevantes.
Mientras tanto, Coronel Oviedo recibió inversiones importantes, particularmente en la recuperación de espacios públicos como la Plaza de los Héroes y la Plaza San Roque González de Santacruz, además de aportes para infraestructura barrial y programas sociales.
¿Significa eso que la administración de Alejo Ríos discriminó a Coronel Oviedo? La documentación revisada hasta ahora no permite afirmarlo de manera concluyente. Pero tampoco permite sostener, con seriedad, que aquella gestión haya sido un modelo indiscutible de equilibrio territorial.
Ese es, precisamente, el punto que vuelve frágil el discurso actual.
Cuando quien hoy reclama equidad pertenece al mismo proyecto político y clan familiar que administró durante cinco años el presupuesto departamental, la discusión deja de ser únicamente sobre el presente. También alcanza al pasado.
La coherencia política exige un estándar uniforme. Si hoy se considera cuestionable concentrar recursos en una obra emblemática para la capital departamental, también corresponde aceptar que durante la administración anterior existieron proyectos emblemáticos impulsados en Caaguazú que fortalecieron la presencia institucional de la Gobernación en esa ciudad.
La memoria pública no funciona por conveniencia. No comienza con el cambio de administración ni termina cuando concluye un mandato.
Naturalmente, toda gestión tiene derecho a establecer prioridades. Ningún gobernador puede invertir exactamente lo mismo en cada distrito ni ejecutar idénticas obras en todas las ciudades. Las necesidades son distintas, los proyectos también, y la planificación responde a múltiples variables técnicas y presupuestarias.
Pero ese mismo principio debe aplicarse con la misma vara para todos.
Resulta difícil sostener un discurso de equilibrio territorial sin someter primero a examen la propia historia política. La autoridad moral para cuestionar la distribución de los recursos públicos no depende únicamente de las palabras pronunciadas en una conferencia de prensa; también se construye con las decisiones adoptadas cuando se administró el presupuesto.
Por eso, más que un debate entre Caaguazú y Coronel Oviedo, esta discusión debería convertirse en una oportunidad para algo mucho más importante: transparentar la totalidad de las inversiones ejecutadas por cada administración, distrito por distrito, guaraní por guaraní y obra por obra.
Solo entonces será posible determinar quién distribuyó mejor los recursos departamentales.
Hasta ese momento, las consignas sobre la "equidad" corren el riesgo de parecer menos una defensa de todos los caaguaceños y más un argumento condicionado por el lugar desde donde se observa el presupuesto.
Porque, en política, la credibilidad no se mide por la fuerza con la que se reclama hoy, sino por la coherencia entre lo que se exige y lo que se hizo cuando se tuvo el poder. Esa, al final, suele ser la auditoría más difícil de aprobar.
En política existe un recurso tan antiguo como eficaz: exigir desde la oposición aquello que nunca se practicó cuando se tuvo la responsabilidad de gobernar. Es una estrategia que suele encontrar eco en la inmediatez de las redes sociales, pero que rara vez resiste el contraste con los documentos, las obras ejecutadas y la memoria institucional.
Ese contraste vuelve inevitable una reflexión ante las recientes declaraciones del intendente de Caaguazú, José "Papu" Ríos, quien cuestionó la decisión del gobernador Marcelo Soto de destinar una importante inversión al proyecto Oviedo Arena, reclamando una distribución más equitativa de los recursos departamentales.
El planteamiento sería políticamente impecable si no existiera un detalle imposible de ignorar: el padre del actual intendente, Alejo Ríos, administró la Gobernación entre 2018 y 2023. Por ello, cualquier discusión sobre equilibrio territorial exige mirar primero cómo se distribuyeron los recursos durante aquella administración.
Los registros públicos disponibles muestran que la gestión de Alejo Ríos impulsó, en la ciudad de Caaguazú, proyectos de fuerte contenido institucional, cultural y educativo. Entre ellos aparecen el Centro Cultural Departamental —acompañado por una subsede de la Gobernación—, obras educativas financiadas con FONACIDE, empedrados y otras inversiones relevantes.
Mientras tanto, Coronel Oviedo recibió inversiones importantes, particularmente en la recuperación de espacios públicos como la Plaza de los Héroes y la Plaza San Roque González de Santacruz, además de aportes para infraestructura barrial y programas sociales.
¿Significa eso que la administración de Alejo Ríos discriminó a Coronel Oviedo? La documentación revisada hasta ahora no permite afirmarlo de manera concluyente. Pero tampoco permite sostener, con seriedad, que aquella gestión haya sido un modelo indiscutible de equilibrio territorial.
Ese es, precisamente, el punto que vuelve frágil el discurso actual.
Cuando quien hoy reclama equidad pertenece al mismo proyecto político y clan familiar que administró durante cinco años el presupuesto departamental, la discusión deja de ser únicamente sobre el presente. También alcanza al pasado.
La coherencia política exige un estándar uniforme. Si hoy se considera cuestionable concentrar recursos en una obra emblemática para la capital departamental, también corresponde aceptar que durante la administración anterior existieron proyectos emblemáticos impulsados en Caaguazú que fortalecieron la presencia institucional de la Gobernación en esa ciudad.
La memoria pública no funciona por conveniencia. No comienza con el cambio de administración ni termina cuando concluye un mandato.
Naturalmente, toda gestión tiene derecho a establecer prioridades. Ningún gobernador puede invertir exactamente lo mismo en cada distrito ni ejecutar idénticas obras en todas las ciudades. Las necesidades son distintas, los proyectos también, y la planificación responde a múltiples variables técnicas y presupuestarias.
Pero ese mismo principio debe aplicarse con la misma vara para todos.
Resulta difícil sostener un discurso de equilibrio territorial sin someter primero a examen la propia historia política. La autoridad moral para cuestionar la distribución de los recursos públicos no depende únicamente de las palabras pronunciadas en una conferencia de prensa; también se construye con las decisiones adoptadas cuando se administró el presupuesto.
Por eso, más que un debate entre Caaguazú y Coronel Oviedo, esta discusión debería convertirse en una oportunidad para algo mucho más importante: transparentar la totalidad de las inversiones ejecutadas por cada administración, distrito por distrito, guaraní por guaraní y obra por obra.
Solo entonces será posible determinar quién distribuyó mejor los recursos departamentales.
Hasta ese momento, las consignas sobre la "equidad" corren el riesgo de parecer menos una defensa de todos los caaguaceños y más un argumento condicionado por el lugar desde donde se observa el presupuesto.
Porque, en política, la credibilidad no se mide por la fuerza con la que se reclama hoy, sino por la coherencia entre lo que se exige y lo que se hizo cuando se tuvo el poder. Esa, al final, suele ser la auditoría más difícil de aprobar.
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