La caja negra del Tránsito: cuando para trabajar hay que pagar y la confianza pública entra en terapia intensiva

Hay denuncias que trascienden el ámbito administrativo y terminan golpeando el corazón mismo de una gestión. Lo ocurrido en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Coronel Oviedo no constituye simplemente un conflicto entre funcionarios ni una disputa laboral. La gravedad de las acusaciones formuladas por un agente municipal ha instalado una sombra sobre toda la estructura de conducción de una de las dependencias más sensibles del municipio y ha colocado a la administración del intendente Denis Cohene frente a la crisis política más delicada desde el inicio de su mandato.

Según la denuncia pública realizada por el agente Juan Carlos Quiñónez, existía un presunto mecanismo mediante el cual los funcionarios debían entregar G. 500.000 para poder salir a patrullar y, posteriormente, aportar parte del dinero obtenido durante los controles. Al negarse a participar de ese supuesto sistema, aseguró haber sido apartado de los operativos y relegado de las funciones que habitualmente desempeñaba.

Las acusaciones son de una enorme gravedad. Si las investigaciones llegaran a confirmarlas, ya no se estaría hablando únicamente de irregularidades administrativas o de conductas aisladas, sino de un esquema incompatible con cualquier administración pública seria, donde el derecho a cumplir una función dependería del pago previo de dinero y la actividad de control vial correría el riesgo de convertirse en una fuente de recaudación paralela.

Las afirmaciones del denunciante deberán ser corroboradas o descartadas mediante el debido proceso. Sin embargo, el impacto institucional ya resulta inocultable.

La respuesta oficial llegó primero de boca del director de Tránsito, Juan Pereira, quien rechazó las acusaciones, negó haber solicitado dinero a los funcionarios y sostuvo que el cambio de funciones del denunciante obedeció a una reorganización interna. También anunció una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, el intendente Denis Cohene convocó a una conferencia de prensa en la que anunció la apertura de un sumario administrativo contra los funcionarios mencionados en la denuncia y confirmó que el propio denunciante también será sometido al procedimiento correspondiente para garantizar el derecho a la defensa de todas las partes. Asimismo, aseguró que, si durante la investigación aparecen elementos que configuren hechos punibles, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.

El jefe comunal también presentó una batería de medidas destinadas, según explicó, a transparentar el funcionamiento de la Dirección de Tránsito: limitar los controles a cinco puntos oficiales, prohibir procedimientos fuera de esos lugares, establecer la rotación permanente de agentes y publicar diariamente la nómina del personal autorizado para realizar controles.

Sobre el papel, las decisiones parecen apuntar hacia un mayor control institucional. Sin embargo, políticamente producen un efecto completamente distinto.

Lejos de fortalecer la imagen de la administración municipal, las medidas terminaron dejando al descubierto la fragilidad del sistema de control que existía hasta ahora. La estructura que se presentaba como organizada y bajo supervisión comenzó a desmoronarse apenas fue alcanzada por una denuncia pública. En cuestión de horas aparecieron controles que antes no existían, mecanismos de transparencia que nunca habían sido implementados y restricciones operativas que, de acuerdo con la propia Municipalidad, ahora pasan a ser indispensables.

Ese cambio repentino transmite un mensaje difícil de ignorar: si hoy resulta necesario reorganizar completamente la Dirección de Tránsito para impedir irregularidades, significa que los mecanismos anteriores eran, como mínimo, insuficientes.

Y allí es donde la discusión deja de centrarse exclusivamente en los funcionarios denunciados para trasladarse inevitablemente hacia la conducción política del municipio.

Porque administrar una institución no consiste únicamente en reaccionar cuando el escándalo ya ocupa las redes sociales y los medios de comunicación. Gobernar implica supervisar, controlar, auditar y detectar a tiempo cualquier anomalía que pueda comprometer el funcionamiento del Estado.

La Dirección de Tránsito no es una oficina menor. Es una de las dependencias con mayor contacto diario con la ciudadanía, donde circula dinero proveniente de multas, donde existe poder de policía administrativa y donde la transparencia debe ser absoluta precisamente para evitar sospechas de abusos.

Por esa razón, el episodio golpea directamente al director Juan Pereira, designado por el propio intendente para conducir esa dependencia. La confianza depositada en uno de los principales responsables del área queda inevitablemente cuestionada cuando un funcionario sostiene públicamente que debía pagar para poder salir a trabajar y que existía un presunto sistema de recaudación interna.

Más allá de lo que determine el sumario administrativo, resulta difícil sostener que una denuncia de semejante magnitud no represente un severo cuestionamiento a la capacidad de conducción de quienes tenían la obligación de controlar el funcionamiento cotidiano de la institución.

Pero el impacto político no termina allí.

También alcanza de lleno al intendente Denis Cohene.

Las máximas autoridades de una administración no responden únicamente por los aciertos de sus funcionarios; también deben asumir la responsabilidad política cuando los mecanismos de control fallan de manera tan evidente.

Si dentro de una dependencia municipal un funcionario llega al extremo de denunciar públicamente un supuesto sistema mediante el cual los agentes debían entregar dinero para acceder a los patrullajes, la administración enfrenta un problema mucho más profundo que un simple expediente disciplinario.

Como mínimo, queda instalada la imagen de una gestión incapaz de ejercer un control efectivo sobre una de sus áreas más sensibles.

Como mínimo, queda comprometida la capacidad de supervisar a las personas que el propio intendente eligió para ocupar cargos de confianza.

Como mínimo, queda demostrado que los mecanismos internos fueron incapaces de detectar una situación que terminó explotando públicamente.

La conducción política no puede limitarse a descubrir los problemas únicamente cuando un funcionario decide hacerlos públicos. Si la administración desconocía lo que estaba ocurriendo dentro de la Dirección de Tránsito, la conclusión es preocupante: existía un déficit de control interno incompatible con una gestión eficiente. Si, por el contrario, las investigaciones demostraran un escenario distinto, corresponderá exclusivamente al Ministerio Público y a la Justicia determinar responsabilidades sobre la base de pruebas.

Lo que ya no admite demasiadas discusiones es el costo político.

La imagen de autoridad, orden y transparencia que buscaba proyectar la administración municipal quedó seriamente golpeada.

Las medidas anunciadas por el intendente pueden representar un primer paso para recuperar el control institucional, pero también constituyen un reconocimiento implícito de que había aspectos fundamentales del funcionamiento de la Dirección de Tránsito que no estaban siendo supervisados con la rigurosidad necesaria.

La ciudadanía espera mucho más que conferencias de prensa y anuncios de sumarios.

Espera conocer la verdad.

Espera que las denuncias sean investigadas hasta las últimas consecuencias.

Espera que, si existieron responsables, reciban las sanciones correspondientes.

Y espera que quienes ejercen la conducción política demuestren que son capaces de administrar una institución donde la transparencia no dependa de una denuncia pública para comenzar a funcionar.

La investigación recién comienza y será el debido proceso el que determine si las graves acusaciones formuladas encuentran respaldo probatorio o deben ser descartadas. Pero, mientras la responsabilidad penal sigue siendo materia exclusiva de las autoridades competentes, la responsabilidad política ya está instalada.

Porque cuando una administración se ve obligada a rediseñar de urgencia el funcionamiento de una de sus principales dependencias después de que un funcionario denuncie un presunto esquema de cobros ilegales, el problema deja de ser únicamente de algunos agentes. Pasa a convertirse en un examen sobre la calidad del liderazgo, la eficacia de los controles internos y la capacidad de quienes gobiernan para garantizar que el Estado funcione con la transparencia que la ciudadanía tiene derecho a exigir. El mayor desafío para la Municipalidad de Coronel Oviedo ya no consiste solamente en esclarecer esta denuncia, sino en recuperar una confianza pública que hoy aparece seriamente erosionada.