Imputación a Eddie Jara: movimientos de montos altos en efectivo despertaron sospechas, según fiscalía
Depósitos y pagos en efectivo de Eddie Jara y su exesposa centraron las sospechas de la Fiscalía. La investigación detectó una diferencia de G. 5.399 millones sin justificar durante esa segunda gestión en Petropar. El exdirectivo fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y Karina Otazú por presunto lavado de activos. La causa sigue abierta.
Los movimientos de dinero en efectivo fueron determinantes en la imputación del expresidente de Petropar, Eddie Jara, por supuesto enriquecimiento ilícito. La fiscal Yeimy Adle explicó que detectaron depósitos y pagos que no guardarían relación con sus ingresos documentados.
El Ministerio Público identificó una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612. La causa se inició tras una denuncia de la Contraloría General de la República, remitida en marzo de 2026, y comprende el análisis de declaraciones juradas, documentos tributarios y registros bancarios.
Según Adle, entre agosto de 2023 y marzo de 2026, Jara percibía un salario de alrededor de G. 40 millones, que luego superó los G. 44 millones. Descontados sus gastos declarados, su capacidad de ahorro rondaba los G. 147 millones, frente a operaciones por aproximadamente G. 5.547 millones.
La fiscal señaló que se efectuaron pagos de tarjetas de crédito y cuotas de vehículos en efectivo. También mencionó un préstamo de G. 600 millones que Jara habría otorgado a un médico sin contar con un capital ahorrado que respaldara ese desembolso.
Otra operación examinada es un crédito de G. 890 millones obtenido con su exesposa para una supuesta compra de ganado. Las cuotas rondaban los G. 77 millones, superiores al salario mensual del entonces funcionario, de acuerdo con la investigadora.
La imputación también alcanza a Karina Estefana Otazú Fleitas por presunto lavado de activos. Adle indicó que realizó depósitos en efectivo en una cuenta conjunta y que el pagaré del préstamo al médico estaba a su nombre.
La Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión. La investigación deberá esclarecer el origen de los fondos y el alcance de las operaciones atribuidas a ambos imputados. La agente señaló que las diligencias abarcarán la primera gestión de Jara en Petropar y que siguen verificando su explicación sobre depósitos que, según habría declarado ante la Contraloría, provenían de fondos fijos de la estatal.
El Ministerio Público identificó una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612. La causa se inició tras una denuncia de la Contraloría General de la República, remitida en marzo de 2026, y comprende el análisis de declaraciones juradas, documentos tributarios y registros bancarios.
Según Adle, entre agosto de 2023 y marzo de 2026, Jara percibía un salario de alrededor de G. 40 millones, que luego superó los G. 44 millones. Descontados sus gastos declarados, su capacidad de ahorro rondaba los G. 147 millones, frente a operaciones por aproximadamente G. 5.547 millones.
La fiscal señaló que se efectuaron pagos de tarjetas de crédito y cuotas de vehículos en efectivo. También mencionó un préstamo de G. 600 millones que Jara habría otorgado a un médico sin contar con un capital ahorrado que respaldara ese desembolso.
Otra operación examinada es un crédito de G. 890 millones obtenido con su exesposa para una supuesta compra de ganado. Las cuotas rondaban los G. 77 millones, superiores al salario mensual del entonces funcionario, de acuerdo con la investigadora.
La imputación también alcanza a Karina Estefana Otazú Fleitas por presunto lavado de activos. Adle indicó que realizó depósitos en efectivo en una cuenta conjunta y que el pagaré del préstamo al médico estaba a su nombre.
La Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión. La investigación deberá esclarecer el origen de los fondos y el alcance de las operaciones atribuidas a ambos imputados. La agente señaló que las diligencias abarcarán la primera gestión de Jara en Petropar y que siguen verificando su explicación sobre depósitos que, según habría declarado ante la Contraloría, provenían de fondos fijos de la estatal.
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