Impase en Mauricio José Troche: La crisis histórica del Tren de Molienda que mantiene en jaque al sector cañero
Cientos de productores y transportistas enfrentan nuevamente las consecuencias de una infraestructura industrial que no logra responder a la demanda de la zafra. La paralización del proyecto del Nuevo Tren de Molienda de Petropar mantiene abierta una crisis que afecta la producción, genera pérdidas económicas y pone en debate el futuro de miles de familias vinculadas a la cadena azucarera de Guairá, Caaguazú y Caazapá.
Frente a la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche, el paisaje cotidiano vuelve a tornarse crítico. Centenares de camiones y remolques cargados de caña de azúcar permanecen estacionados a lo largo de las calzadas y en los predios colindantes, esperando hasta cinco días para lograr la molienda de su carga.
Jorge Alberto Denis, presidente de la Asociación de Productores Interdepartamental Censados de Petropar, junto a líderes gremiales de Guairá, Caaguazú y Caazapá, han vuelto a encender las alarmas: la capacidad operativa de la fábrica resulta insuficiente para absorber la producción agrícola disponible en el pico de la zafra.
El impacto económico de este cuello de botella golpea de lleno al eslabón más vulnerable de la cadena:
Deterioro de la materia prima: La caña de azúcar expuesta durante días a altas temperaturas pierde humedad de forma acelerada, disminuyendo su contenido de sacarosa y su tonelaje efectivo en báscula.
Sobrecostos logísticos: Los transportistas locales sufren la parálisis de sus flotas, encareciendo el flete y reduciendo el margen de ganancia de las familias agrícolas.
Efecto multiplicador regional: La molienda de Troche es el sustento socioeconómico directo de más de 30.000 familias rurales de la región central del país.
Ante la imposibilidad técnica de la vieja planta de responder a la demanda, los productores insisten en el reclamo de fondo: la terminación e instalación del tan postergado Nuevo Tren de Molienda.
El origen del conflicto: De la promesa millonaria al estancamiento (2021-2023)
Para entender la saturación actual de la planta alcoholera, es necesario reconstruir el itinerario administrativo de una obra concebida para transformar el sector.
En diciembre de 2021, durante la administración de Mario Abdo Benítez y bajo la gestión de Denis Lichi al frente de la petrolera estatal, Petropar adjudicó la construcción e instalación del nuevo tren de molienda a la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), representada por el empresario Alberto Palumbo.
La meta técnica prometía elevar la capacidad de molienda de 2.000 a 5.000 toneladas de caña por día (TCD), introduciendo tecnología de extracción capaz de sostener una producción continua de hasta 800.000 toneladas por zafra.
Sin embargo, tras el pago inicial del anticipo, las obras entraron en una espiral de demoras. Para mediados de 2023, la contratista intentó acelerar los trabajos subcontratando a la firma Ocho A, pero el avance físico del proyecto continuó muy por debajo de los cronogramas contractuales, despertando cuestionamientos sobre la ejecución técnica y la provisión de maquinarias.
El laberinto judicial y el bloqueo licitatorio (2023-2026)
Con el recambio de gobierno en agosto de 2023, la nueva administración de Petropar —encabezada inicialmente por Eddie Jara y posteriormente continuada bajo la gestión de William Wilka— ordenó auditorías sobre el proyecto.
En octubre de 2024, la estatal rescindió unilateralmente el contrato con EISA y presentó denuncias ante el Ministerio Público por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial, argumentando inconsistencias en los diseños, fallas de previsión ambiental y falta de cumplimiento de las especificaciones.
Sin embargo, el conflicto tomó un giro judicial crítico:
1. Medida Cautelar: La contratista EISA acudió al Tribunal de Cuentas (Primera Sala), el cual otorgó una medida cautelar que suspendió la rescisión decretada por Petropar.
2. Reactivación Contractual en Suspenso: Al quedar vigente la medida cautelar, el contrato con EISA se mantuvo jurídicamente activo aunque paralizado en la práctica.
3. Freno a la Nueva Licitación: El bloqueo judicial impidió a Petropar concretar un nuevo llamado a licitación por más de USD 20 millones para concluir el montaje.
Actualmente, el caso se encuentra bajo recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejando la infraestructura a medio construir e inutilizada.
Alternativas de salida: ¿Cómo resolver el problema a corto y mediano plazo?
Superar el colapso recurrente en Mauricio José Troche exige un abordaje en dos frentes simultáneos:
Medidas de Contingencia a Corto Plazo
Derivación de materia prima (Maquila): Consolidar los acuerdos vigentes entre Petropar e ingenios azucareros privados de la zona para redistribuir el excedente de caña durante los meses pico de zafra, respetando el precio oficial acordado.
Gestión logística de cupos: Establecer un calendario de recepción coordinado mediante plataformas digitales con las comisiones de cañicultores, evitando que los camiones permanezcan varados en los accesos a la planta.
Planes de mantenimiento focalizado: Ejecutar acondicionamientos electromecánicos continuos en la vieja estructura industrial para minimizar paradas imprevistas en calderas y destilerías.
Estrategia Estructural a Mediano Plazo
Destrabe institucional en la Corte Suprema: Se requiere una pronta definición procesal por parte de la máxima instancia judicial sobre la validez de la rescisión contractual, abriendo la vía legal definitiva para el Estado.
Auditoría e inventario técnico independiente: Realizar un peritaje neutral de las maquinarias importadas y acopiadas en el predio para determinar si son aptas para incorporarse a un nuevo proyecto.
Rediseño y nueva licitación con veeduría: Promover una licitación pública internacional transparente, con cláusulas de auditoría en tiempo real y fiscalización por parte de las propias organizaciones de cañicultores, garantizando que el nuevo molino de 5.000 TCD se convierta finalmente en una realidad operativa.
Jorge Alberto Denis, presidente de la Asociación de Productores Interdepartamental Censados de Petropar, junto a líderes gremiales de Guairá, Caaguazú y Caazapá, han vuelto a encender las alarmas: la capacidad operativa de la fábrica resulta insuficiente para absorber la producción agrícola disponible en el pico de la zafra.
El impacto económico de este cuello de botella golpea de lleno al eslabón más vulnerable de la cadena:
Deterioro de la materia prima: La caña de azúcar expuesta durante días a altas temperaturas pierde humedad de forma acelerada, disminuyendo su contenido de sacarosa y su tonelaje efectivo en báscula.
Sobrecostos logísticos: Los transportistas locales sufren la parálisis de sus flotas, encareciendo el flete y reduciendo el margen de ganancia de las familias agrícolas.
Efecto multiplicador regional: La molienda de Troche es el sustento socioeconómico directo de más de 30.000 familias rurales de la región central del país.
Ante la imposibilidad técnica de la vieja planta de responder a la demanda, los productores insisten en el reclamo de fondo: la terminación e instalación del tan postergado Nuevo Tren de Molienda.
El origen del conflicto: De la promesa millonaria al estancamiento (2021-2023)
Para entender la saturación actual de la planta alcoholera, es necesario reconstruir el itinerario administrativo de una obra concebida para transformar el sector.
En diciembre de 2021, durante la administración de Mario Abdo Benítez y bajo la gestión de Denis Lichi al frente de la petrolera estatal, Petropar adjudicó la construcción e instalación del nuevo tren de molienda a la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), representada por el empresario Alberto Palumbo.
La meta técnica prometía elevar la capacidad de molienda de 2.000 a 5.000 toneladas de caña por día (TCD), introduciendo tecnología de extracción capaz de sostener una producción continua de hasta 800.000 toneladas por zafra.
Sin embargo, tras el pago inicial del anticipo, las obras entraron en una espiral de demoras. Para mediados de 2023, la contratista intentó acelerar los trabajos subcontratando a la firma Ocho A, pero el avance físico del proyecto continuó muy por debajo de los cronogramas contractuales, despertando cuestionamientos sobre la ejecución técnica y la provisión de maquinarias.
El laberinto judicial y el bloqueo licitatorio (2023-2026)
Con el recambio de gobierno en agosto de 2023, la nueva administración de Petropar —encabezada inicialmente por Eddie Jara y posteriormente continuada bajo la gestión de William Wilka— ordenó auditorías sobre el proyecto.
En octubre de 2024, la estatal rescindió unilateralmente el contrato con EISA y presentó denuncias ante el Ministerio Público por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial, argumentando inconsistencias en los diseños, fallas de previsión ambiental y falta de cumplimiento de las especificaciones.
Sin embargo, el conflicto tomó un giro judicial crítico:
1. Medida Cautelar: La contratista EISA acudió al Tribunal de Cuentas (Primera Sala), el cual otorgó una medida cautelar que suspendió la rescisión decretada por Petropar.
2. Reactivación Contractual en Suspenso: Al quedar vigente la medida cautelar, el contrato con EISA se mantuvo jurídicamente activo aunque paralizado en la práctica.
3. Freno a la Nueva Licitación: El bloqueo judicial impidió a Petropar concretar un nuevo llamado a licitación por más de USD 20 millones para concluir el montaje.
Actualmente, el caso se encuentra bajo recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejando la infraestructura a medio construir e inutilizada.
Alternativas de salida: ¿Cómo resolver el problema a corto y mediano plazo?
Superar el colapso recurrente en Mauricio José Troche exige un abordaje en dos frentes simultáneos:
Medidas de Contingencia a Corto Plazo
Derivación de materia prima (Maquila): Consolidar los acuerdos vigentes entre Petropar e ingenios azucareros privados de la zona para redistribuir el excedente de caña durante los meses pico de zafra, respetando el precio oficial acordado.
Gestión logística de cupos: Establecer un calendario de recepción coordinado mediante plataformas digitales con las comisiones de cañicultores, evitando que los camiones permanezcan varados en los accesos a la planta.
Planes de mantenimiento focalizado: Ejecutar acondicionamientos electromecánicos continuos en la vieja estructura industrial para minimizar paradas imprevistas en calderas y destilerías.
Estrategia Estructural a Mediano Plazo
Destrabe institucional en la Corte Suprema: Se requiere una pronta definición procesal por parte de la máxima instancia judicial sobre la validez de la rescisión contractual, abriendo la vía legal definitiva para el Estado.
Auditoría e inventario técnico independiente: Realizar un peritaje neutral de las maquinarias importadas y acopiadas en el predio para determinar si son aptas para incorporarse a un nuevo proyecto.
Rediseño y nueva licitación con veeduría: Promover una licitación pública internacional transparente, con cláusulas de auditoría en tiempo real y fiscalización por parte de las propias organizaciones de cañicultores, garantizando que el nuevo molino de 5.000 TCD se convierta finalmente en una realidad operativa.
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