POLÉMICA EN URUGUAY: ESTACIONEROS CUESTIONAN LOS INCENTIVOS A LOS AUTOS ELÉCTRICOS Y ADVIERTEN SOBRE MILLONARIAS PÉRDIDAS FISCALES
La expansión de los vehículos eléctricos abrió un fuerte debate en Uruguay. Mientras el Gobierno mantiene una política de incentivos para acelerar la transición hacia una movilidad más limpia, los propietarios de estaciones de servicio advierten que esas medidas están generando un elevado costo para las finanzas públicas y ponen en riesgo miles de empleos vinculados al sector de los combustibles.
POLÉMICA EN URUGUAY: ESTACIONEROS CUESTIONAN LOS INCENTIVOS A LOS AUTOS ELÉCTRICOS Y ADVIERTEN SOBRE MILLONARIAS PÉRDIDAS FISCALES
La expansión de los vehículos eléctricos abrió un fuerte debate en Uruguay. Mientras el Gobierno mantiene una política de incentivos para acelerar la transición hacia una movilidad más limpia, los propietarios de estaciones de servicio advierten que esas medidas están generando un elevado costo para las finanzas públicas y ponen en riesgo miles de empleos vinculados al sector de los combustibles.
Un estudio elaborado por la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) sostiene que, entre 2020 y 2025, el Estado dejó de recaudar alrededor de US$ 493 millones debido a las exoneraciones fiscales otorgadas para promover la compra de vehículos eléctricos. Además, el informe proyecta que, si esos beneficios continúan sin modificaciones hasta 2030, la renuncia fiscal podría superar los US$ 1.439 millones.
Los estacioneros aseguran que no están en contra de la movilidad eléctrica ni del desarrollo de tecnologías menos contaminantes. Sin embargo, consideran que el mercado alcanzó un nivel de crecimiento que justifica revisar los incentivos tributarios vigentes. A su criterio, mantener las exoneraciones actuales implica un importante esfuerzo económico para el Estado en beneficio de un segmento de consumidores con mayor poder adquisitivo.
Según datos del sector automotor uruguayo, durante 2025 los vehículos eléctricos representaron cerca del 20% de las ventas de automóviles cero kilómetro y, en los primeros meses de 2026, esa participación aumentó hasta aproximadamente el 29%, reflejando el acelerado crecimiento de este mercado.
Los representantes del sector de combustibles sostienen que el impacto ya comienza a sentirse en las estaciones de servicio. En algunas zonas de Montevideo se registraron caídas de hasta el 12% en las ventas de combustibles, situación que también afecta a talleres mecánicos, comercios de repuestos y otros rubros vinculados a los vehículos de combustión. Advierten que, de mantenerse esta tendencia, algunas estaciones podrían verse obligadas a cerrar en los próximos años.
Del otro lado del debate, organizaciones vinculadas a las energías renovables defienden la continuidad de los incentivos. Argumentan que la electromovilidad todavía representa una pequeña parte del parque automotor nacional y consideran que retirar los beneficios fiscales podría desacelerar la transición energética y afectar los compromisos ambientales asumidos por Uruguay.
En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que analiza una revisión de las exoneraciones tributarias aplicadas a los vehículos eléctricos. La intención es evaluar si el mercado alcanzó un grado de madurez suficiente para reducir gradualmente los estímulos fiscales sin frenar el crecimiento de la movilidad sustentable.
El caso uruguayo refleja un desafío que enfrentan numerosos países: encontrar un equilibrio entre impulsar tecnologías menos contaminantes, proteger la recaudación del Estado y evitar impactos negativos sobre sectores económicos tradicionales que generan miles de puestos de trabajo.
La expansión de los vehículos eléctricos abrió un fuerte debate en Uruguay. Mientras el Gobierno mantiene una política de incentivos para acelerar la transición hacia una movilidad más limpia, los propietarios de estaciones de servicio advierten que esas medidas están generando un elevado costo para las finanzas públicas y ponen en riesgo miles de empleos vinculados al sector de los combustibles.
Un estudio elaborado por la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) sostiene que, entre 2020 y 2025, el Estado dejó de recaudar alrededor de US$ 493 millones debido a las exoneraciones fiscales otorgadas para promover la compra de vehículos eléctricos. Además, el informe proyecta que, si esos beneficios continúan sin modificaciones hasta 2030, la renuncia fiscal podría superar los US$ 1.439 millones.
Los estacioneros aseguran que no están en contra de la movilidad eléctrica ni del desarrollo de tecnologías menos contaminantes. Sin embargo, consideran que el mercado alcanzó un nivel de crecimiento que justifica revisar los incentivos tributarios vigentes. A su criterio, mantener las exoneraciones actuales implica un importante esfuerzo económico para el Estado en beneficio de un segmento de consumidores con mayor poder adquisitivo.
Según datos del sector automotor uruguayo, durante 2025 los vehículos eléctricos representaron cerca del 20% de las ventas de automóviles cero kilómetro y, en los primeros meses de 2026, esa participación aumentó hasta aproximadamente el 29%, reflejando el acelerado crecimiento de este mercado.
Los representantes del sector de combustibles sostienen que el impacto ya comienza a sentirse en las estaciones de servicio. En algunas zonas de Montevideo se registraron caídas de hasta el 12% en las ventas de combustibles, situación que también afecta a talleres mecánicos, comercios de repuestos y otros rubros vinculados a los vehículos de combustión. Advierten que, de mantenerse esta tendencia, algunas estaciones podrían verse obligadas a cerrar en los próximos años.
Del otro lado del debate, organizaciones vinculadas a las energías renovables defienden la continuidad de los incentivos. Argumentan que la electromovilidad todavía representa una pequeña parte del parque automotor nacional y consideran que retirar los beneficios fiscales podría desacelerar la transición energética y afectar los compromisos ambientales asumidos por Uruguay.
En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que analiza una revisión de las exoneraciones tributarias aplicadas a los vehículos eléctricos. La intención es evaluar si el mercado alcanzó un grado de madurez suficiente para reducir gradualmente los estímulos fiscales sin frenar el crecimiento de la movilidad sustentable.
El caso uruguayo refleja un desafío que enfrentan numerosos países: encontrar un equilibrio entre impulsar tecnologías menos contaminantes, proteger la recaudación del Estado y evitar impactos negativos sobre sectores económicos tradicionales que generan miles de puestos de trabajo.
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